Fundación Libremente

“La Constitución no tolera tiempos de carnaval durante los cuales se le pueda colocar disfraces”. 

Germán Bidart Campos.

         Una vez más, los argentinos nos encontramos expuestos al avasallamiento de las reglas institucionales consagradas en la Constitución Nacional, con el grave riesgo que se vulneren los derechos de propiedad y de la libre disponibilidad de los frutos del trabajo productivo ante el atropello impositivo que conlleva la reciente “ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”, dictada por decreto de necesidad y urgencia del poder ejecutivo.

          Es lamentable la enorme cantidad de DNUque se han legislado desde la vigencia de la Carta Magna de 1853 hasta el presente, con una marcada mayoría plasmados desde la reinstauración de la democracia en 1983; constituyendo esta costumbre política un disvalorrepublicano que no debería haber sido tolerado por la Corte Suprema de la Nación a lo largo del tiempo. 

           Con la reforma de la C.N del año 1994 se incorporó el art. 99 inc.3, prohibiendo al poder ejecutivo dictar disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable, autorizándolo “solamente cuandocircunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia”.

            Es decir, la prohibición es la regla, la excepción no puede convertirse en regla; por lo tanto la interpretación de la norma deberá ser restrictiva. La utilización indiscriminada de los DNU, sin controles parlamentarios y judiciales, han significado una autorización implícita para todos los presidentes en sus distintas versiones partidarias. 

           En esta oportunidad, la “ley” (decreto) le ha otorgado al presidente amplias facultades para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre 2020. El sector privado productivo como asimismo los jubilados padecerán las exigencias del poder ejecutivo en nombre de la solidaridad social. O sea, a fuerza de golpes se nos impondrá colaborar cuando en verdad la solidaridad es un valor humano basado en la voluntad propia de ayudar sin coacción externa. Obligar a ser solidarios es una contradicción en términos.

              Ahora bien, supongamos que estamos de acuerdo en colaborar, no sería más justo que el sector público en sus diversas áreas estatales hubiera dado el ejemplo ajustando sus propios bolsillos. Y más indigna cuando recién luego de una catarata de pedidos ciudadanos, comenzaron a dar algunas señales de congelamiento de salarios y/o sueldos del ámbito estatal. Son patéticas las declaraciones del senador Caserio sosteniendo que hablar del esfuerzo de la clase política es no entender al Estado y que dicha clase se dedica a dictar normas. Realmente, senador Caserio, el que no entiende al Estado es usted, no tiene idea del Estado de Derecho. En igual sentido se despachó el ex ministro de la Corte Suprema, el Dr. Eugenio Zaffaroni, defendiendo los gastos en la política afirmando que “a la democracia hay que pagarla”. Entiendo que estos conceptos, vertidos por Caserio y Zaffaroni, reflejan el sentir y pensar de una cantidad considerable de legisladores y funcionarios dependientes del Estado, aseveraciones estas que producen un profundo rechazo por parte de quienes vivimos del esfuerzo propio y no del ajeno.

              Aquí también cabe destacarse que la actual oposición nunca se acordó del tema del recorte del costo político durante el ejercicio de su mandato en el poder. Parece que para ellos en esta época es políticamente correcto solicitar sacrificios a sus pares.

               No debemos soslayar que esta “ley” (decreto) invoca la reactivación económica como uno de sus fines. Y bien digo, se invoca, puesto que nada expresa respecto a cambios que alienten la inversión y el ahorro para desarrollar un plan económico teniendo como eje a los privados, que son los únicos que pueden producir riqueza, el Estado no genera riqueza. Impuestos más inflación, seguirán siendo el combustible de mala calidad pretendiendo que el motor de Argentina pueda funcionar. La receta es conocida, obviamente los resultados serán los de siempre.  

                 La manía del “decretismo” deja huellas tendientes al autoritarismo, por el cual se le otorga al presidente un machete como herramienta de corte para desbastar a gusto árboles prohibidos de hachar. Todo con el pretexto de “salvar nuestras vidas”. 

                No debemos olvidar el rezo del art. 29 de la Constitución, contenido en la primer parte de la misma con el título “Declaraciones, Derechos y Garantías”, o sea la parte que da luz al espíritu bajo el cual debemos convivir. “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por los que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna.Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

                Cuando el ejercicio del poder,legítimamente adquirido por ser de origen democrático conforme a un mandato legal, se desvía en una dirección sin límites institucionales, deviene ilegítimo. Significa vestirnos con un disfraz republicano que oculta un autoritarismo que nos guía al camino de servidumbre.

               Concluyo, fácil es gastar lo que surge del esfuerzo de otros. Nuestro presidente tiene un arma peligrosa en sus manos, un arma otorgado por un DNU inconstitucional. Alguna vez, la Corte Suprema deberá poner freno al uso indiscriminado de los DNU; quienes somos los legítimos dueños del poder (los individuos que convivimos en sociedad) merecemos ese resguardo para vivir libres de los abusos del poder político. Señores jueces, recuerden la cita de inicio del prestigioso constitucionalista BidartCampos, no sean cómplices de la tolerancia a los tiempos de carnaval colocándole disfraces a la Constitución y que tanto daño hacen a la República.              

Presidente Fundación LibreMente & Columnista de Diario “El Norte”, Dr. Orlando Litta.