Fundación Libremente

“Cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para un grupo de hombres en una sociedad, con el tiempo crean un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica”

Fréderic Bastiat – 1848

             Nuestra sociedad ha llegado a límites inimaginables de tolerancia de la corrupción, entendiendo por la misma la acción y efecto de “quebrar” intencionalmente la ética y la ley. Es decir, el corrupto rompe el orden de vivir honestamente y el orden jurídico como sistema legal, con el fin de obtener un beneficio personal.

            Esta nefasta tolerancia la venimos construyendo sin cesar desde tiempos remotos, sembrada desde la época colonial -tal como lo he expuesto en mi última nota “Estatolatría, ADN argentino”-, y cuya cosecha penosamente abunda en la actualidad. Tolerancia a la corrupción es fatal para una sociedad.

            La corrupción acarrea al saqueo como aliado,  cuando este se torna natural y habitual como costumbre y hábito, sin condena social ni judicial, el sistema legal lo va incorporando en el cuerpo social como si fuera sangre pura que nos permite seguir viviendo sanamente. Obviamente,  esta falacia va produciendo un daño antropológico en los individuos que afecta su cerebro, haciéndole observar lo que es objetivo y evidente como si fuera una ficción, como algo inventado maliciosamente por unos para castigar a otros a los que no los vislumbra como saqueadores.  

            Cuando el saqueo se convierte en legal, como sistema autorizado por los individuos, estos también lo convierten en un código moral   glorificado. Entonces, el relativismo moral se instala y la sociedad comienza a transitar un derrotero sin retorno de descomposición de su tejido hasta su pudrición.

            La cultura de tener al Estado como eje y centro de nuestras vidas, creyendo que bajo su protección creceremos es un engaño, una contradicción suicida en la que permitimos que el terrorismo impositivo sacrifique nuestros proyectos de vida. Esta cultura nos conduce a no responsabilizarnos de nuestros propios actos, a que otros hagan lo que nos corresponde hacer. O sea, nos guía a no asumir las obligaciones que debemos afrontar en razón que creemos que otros lo deben hacer por nosotros. De este modo vamos cimentando un edificio de derechos, persuadidos que otros integrantes de la sociedad deben hacerse cargo de los mismos. Y para ello la herramienta de satisfacción de derechos es el sistema legal creado por el Estado, sistema este que garantiza el saqueo y la sociedad lo internaliza como moral. Un dislate.

                  Por otra parte, los políticos son muy conocedores de la sociología argentina, saben cómo actúa y reacciona la sociedad ante la acción política que ellos ejecutan. Saben que habrá tolerancia cuando  utilizan al Estado como arma de saqueo de los privados que trabajan produciendo para enriquecer sus arcas, todo ello bajo el pretexto de cubrir las necesidades de los más débiles. Son tan hipócritas los políticos, que tienen expresiones como por ejemplo: “recibimos tierra arrasada”. Así, pretenden liberarse de sus responsabilidades históricas en cuanto a que ellos también dejaron “tierra arrasada”. La realidad indica que esta sequedad la fueron gestando gobiernos con sus diversas representaciones políticas a medida que el siglo XX avanzaba.      

                   Este diseño moral que supimos conseguir, nos hace vivir en el marco de un contrato social en el que los ciudadanos de una u otra forma compartimos la condición de “esclavos”, sometidos al yugo estatal que los políticos nos imponen con la complicidad de empresarios y sindicalistas prebendarios, como asimismo de jueces corruptos o miedosos de garantizar las libertades consagradas en la constitución nacional.

                  Algunos son esclavos sin darse cuenta que estarán siempre sobreviviendo de la dádiva gubernamental. Otros son esclavos de un sistema legal con máscara republicana que los asfixia.

                En ese contexto de contrato social reina el Poder ilimitado de los gobiernos de turno. Los ciudadanos que genuinamente intentamos desarrollarnos en un ámbito civilizado de convivencia tenemos la obligación de recordar a políticos y jueces que el Poder les fue delegado por nosotros, por los individuos organizados en sociedad. Los particulares somos los mandantes, los gobiernos son los mandatarios. Exijamos que nos rindan cuenta, esa exigencia es un derecho que con creces nos pertenece y merecemos que sea satisfecha.

                Hasta cuándo soportaremos y tendremos tolerancia al saqueo institucionalizado.      

                                                                            Presidente Fundación LibreMente, Dr. Orlando Litta